Doctor, ¿por qué Vizcatán del Ene se ha convertido en uno de los territorios más complejos del Perú?
Vizcatán del Ene es probablemente uno de los mejores ejemplos de lo que la ciencia política denomina una «zona gris» y una «zona marrón». Por un lado, existe presencia del Estado mediante fuerzas de seguridad, municipalidades y algunas instituciones públicas. Por otro, persisten enormes déficits en educación, salud, infraestructura y acceso a justicia.
La literatura especializada, particularmente los trabajos de Guillermo O’Donnell, describe las zonas marrones como territorios donde la ciudadanía existe formalmente, pero donde el ejercicio efectivo de derechos es limitado. Vizcatán encaja en gran medida en esa descripción.
A ello se suma la presencia histórica de remanentes terroristas, organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas y profundas brechas sociales. En consecuencia, no estamos únicamente ante un problema de seguridad, sino ante una compleja combinación de vulnerabilidad social, violencia y débil institucionalidad.
¿La amenaza terrorista sigue siendo una realidad para la población?
Sí.
La población del VRAEM conoce perfectamente esa realidad porque la ha sufrido durante décadas. Las autoridades han sostenido que remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso, actualmente autodenominada Militarizado Partido Comunista del Perú, continúan operando en determinados sectores de la zona.
La masacre de San Miguel del Ene fue una demostración dramática de ello. Las víctimas no fueron autoridades nacionales ni funcionarios públicos. Fueron pobladores civiles, incluyendo mujeres y menores de edad.
Ese hecho recordó al país que las principales víctimas del terrorismo siguen siendo las comunidades rurales más vulnerables.
Usted sostiene que existe un proceso de criminalización de determinadas poblaciones. ¿A qué se refiere?
Me refiero a una preocupación que expresan numerosas comunidades del VRAEM.
Combatir el terrorismo es una obligación constitucional del Estado. Nadie discute eso. Sin embargo, el problema surge cuando determinadas personas terminan siendo observadas bajo sospecha debido al lugar donde viven y no necesariamente por pruebas sólidas que acrediten conductas criminales.
La presunción de inocencia exige que las responsabilidades sean individuales. No se puede confundir a una población con las organizaciones criminales que operan en parte de su territorio.
Ese es un principio fundamental del Estado de Derecho.
¿Qué papel juegan los colaboradores eficaces y testigos protegidos en estas investigaciones?
Cumplen una función importante porque muchas investigaciones por terrorismo y crimen organizado serían imposibles sin ese tipo de información.
Sin embargo, desde una perspectiva jurídica y epistemológica, una declaración constituye un punto de partida para investigar, no una prueba definitiva.
La jurisprudencia nacional e internacional exige corroboración independiente. Precisamente porque una imputación por terrorismo es una de las acusaciones más graves que puede enfrentar una persona, el estándar probatorio debe ser particularmente exigente.
La calidad de una investigación no se mide por la cantidad de detenidos, sino por la capacidad de identificar correctamente a los verdaderos responsables.
¿Qué reflexión le dejan casos como el de los tres campesinos detenidos tras acudir a declarar como testigos?
Más allá de las circunstancias específicas de cada expediente, estos casos generan preocupación porque afectan la confianza entre las comunidades y el sistema de justicia.
Cuando una persona acude a colaborar con una investigación y posteriormente termina privada de libertad, la comunidad observa ese hecho con temor.
La lucha contra el terrorismo requiere información, cooperación ciudadana y confianza institucional.
Por ello, las actuaciones estatales deben ser especialmente cuidadosas y transparentes para evitar que se genere desconfianza en poblaciones que históricamente ya han vivido situaciones extremadamente difíciles.
También existen investigaciones que continúan durante años o que terminaron archivadas. ¿Qué impacto tienen esos procesos?
Tienen un impacto enorme.
Cuando una investigación concluye archivada o sin condena, jurídicamente la persona recupera plenamente su situación. Sin embargo, las consecuencias sociales muchas veces permanecen.
Existen familias que enfrentan gastos legales, pérdida de ingresos, afectaciones psicológicas y estigmatización comunitaria durante años.
Por eso, desde una perspectiva garantista, el desafío no consiste únicamente en investigar. También consiste en investigar con rigor, objetividad y dentro de plazos razonables.
La justicia debe ser eficaz, pero también justa.
Pasemos al caso Colcabamba. ¿Qué lecciones deja este proceso?
Colcabamba plantea una pregunta fundamental para cualquier democracia: cómo enfrentar amenazas reales respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales.
Las investigaciones deben determinar responsabilidades individuales, si las hubiera. Pero también deben analizar aspectos más amplios: inteligencia, planificación, supervisión y cadena de mando.
La transparencia fortalece a las instituciones. Cuando existen denuncias graves, lo correcto es investigarlas con independencia y rigor.
Las familias tienen derecho a conocer toda la verdad y el Estado tiene la obligación de garantizarla.
Finalmente, ¿qué necesita Vizcatán del Ene para construir una paz duradera?
Necesita Estado.
No solamente presencia militar o policial, sino presencia integral del Estado.
Necesita escuelas, centros de salud, carreteras, conectividad digital, oportunidades económicas y acceso efectivo a la justicia.
Max Weber señalaba que el Estado posee el monopolio legítimo de la fuerza. Pero esa legitimidad también se construye garantizando derechos y oportunidades.
La verdadera pacificación del VRAEM no dependerá únicamente de derrotar a las organizaciones criminales o terroristas. Dependerá de que las comunidades sientan que forman parte plena de la República y que poseen las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano peruano.
Ese es el desafío pendiente y, probablemente, la tarea más importante para las próximas décadas.
