En las calles de Ayacucho, Juliaca y Andahuaylas, el viento todavía guarda el eco del luto acumulado entre finales de 2022 e inicios de 2023. Para decenas de familias andinas, el tiempo se detuvo el día en que un proyectil o un enfrentamiento silenció para siempre a un hijo, un hermano o un padre. Hoy, la herida sigue abierta, pero la búsqueda de dignidad y justicia rehúsa extinguirse.
Por ello con el objetivo de fiscalizar los lentos avances en las investigaciones del Ministerio Público y dar un rostro humano al dolor de las víctimas, la diputada por Ayacucho, Pilar Sulca Castillo (Juntos por el Perú), ha presentado formalmente una Moción de Orden del Día para crear la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Acompañamiento y Esclarecimiento de los Casos de Víctimas de las Protestas Sociales 2022-2023.
La realidad detrás de la iniciativa es contundente y dolorosa: el saldo oficial registra a 49 personas asesinadas y 51 víctimas con lesiones graves durante aquel fatídico periodo de agitación social.
La propuesta parlamentaria busca romper con el frío burocratismo de las oficinas capitalinas. Su propósito central no solo es auditar el avance de las carpetas fiscales e identificar las barreras legales que frenan el esclarecimiento de la verdad, sino también realizar un acompañamiento humano directo a las familias golpeadas, recogiendo sus testimonios en el propio territorio.
«Las familias siguen en busca de justicia y reparación. Es necesario que el Congreso genere espacios de diálogo y seguimiento que contribuyan al esclarecimiento de estos casos», sostuvo enfáticamente la diputada Pilar Sulca.
De lograr la aprobación del Pleno, la comisión estará integrada por un representante de cada grupo parlamentario y tendrá un mandato de trabajo de un año. Doce meses en los que las familias del Sur andino esperan, finalmente, ver encendida una luz de verdad e imparcialidad.
