Las nuevas autoridades regionales y locales enfrentan el reto de generar condiciones adecuadas para que los negocios puedan formalizarse y los trabajadores accedan a beneficios laborales. En el Perú, siete de cada 10 trabajadores laboran en condiciones de informalidad, lo que representa alrededor de 12 millones de personas.
Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que la informalidad está vinculada con una baja productividad y con brechas educativas, de capacidades e infraestructura.“La alta informalidad se vincula bastante con una baja productividad del trabajo, de la economía en general y de las empresas que componen una región”, señaló. La especialista también destacó el papel de los gobiernos regionales y las municipalidades en la mejora de la productividad y competitividad.
“Una empresa necesita acceso a agua, desagüe, electricidad, internet y otros servicios básicos”, afirmó. Según el informe, las autoridades subnacionales administran más del 60% del presupuesto público que recibe cada región y tienen responsabilidad en orientar estos recursos hacia obras prioritarias.
