CACHI II: “el debate teórico ya concluyó; hoy Ayacucho define el financiamiento y la ingeniería de ejecución”

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Entrevista al Dr. Alexi Avilez Gutiérrez, abogado, analista en políticas públicas, asesor legal FADA y columnista.
Entrevista al Dr. Alexi Avilez Gutiérrez, abogado, analista en políticas públicas, asesor legal FADA y columnista.

Entrevista al Dr. Alexi Avilez Gutiérrez, abogado, analista en políticas públicas, asesor legal FADA y columnista.

El proyecto hidráulico Cachi II vuelve al centro de la agenda regional tras la reciente reunión de alto nivel en Lima entre las autoridades de Ayacucho, las organizaciones agrarias y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Mientras algunos sectores insisten en abrir mesas de debate sobre la pertinencia de la obra, el Dr. Alexi Avilez Gutiérrez sostiene con firmeza jurídica y técnica que esa etapa ya precluyó con la promulgación de la Ley 32632, y que el verdadero desafío actual radica en asegurar su preinversión en Invierte.pe y su ejecución bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G).

Doctor Avilez, en los últimos días algunos sectores técnicos y políticos han convocado públicamente a debatir si Cachi II es viable o si debería priorizarse otro esquema hídrico. ¿Tiene sentido abrir hoy esa discusión? No tiene ningún sustento jurídico ni institucional. En la gestión pública como en la ingeniería, los hechos normativos superan la retórica: cuando una norma con rango de ley declara de interés nacional y necesidad pública una infraestructura estratégica, la discusión deja de ser académica para convertirse en mandato ejecutivo. Cachi II ya agotó todas las instancias deliberativas previas: pasó por foros universitarios, audiencias con la sociedad civil, sesiones descentralizadas de la Comisión Agraria del Congreso, dictámenes parlamentarios y las opiniones técnicas del MIDAGRI y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Pretender volver a foja cero es desconocer la Ley 32632.

¿Dónde estaban quienes hoy exigen mesas técnicas cuando se gestó el proyecto desde las bases agrarias? Brillaron por su ausencia porque en aquel momento tenían otras agendas e intereses. Subestimaron el trabajo orgánico de la Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA), que es la autora intelectual e impulsora histórica de esta iniciativa desde el campo. Minimizaron el liderazgo de dirigentes como Auberto Morote, la perspicacia de Solfer Sarionel, la visión estratégica de Lenio Cuba y el aporte profesional del ingeniero Teófilo Palomino. Hoy, cuando el proyecto ya tiene ley y está en la agenda del Ejecutivo, recién pretenden aparecer para pedir debates sobre algo que el pueblo ayacuchano ya conquistó.

Usted ha señalado una paradoja política en el origen de la Ley 32632. ¿A qué se refiere exactamente? A una realidad que interpela directamente a nuestra clase política local: el proyecto de ley que dio origen a la Ley 32632 nació y se impulsó desde un despacho parlamentario que no pertenecía a un congresista electo por Ayacucho. Incluso hoy, quienes sostienen con mayor firmeza la defensa activa de la norma en el Parlamento son legisladores de otras regiones del país. La explicación es sencilla: como provienen de territorios golpeados severamente por el estrés hídrico, saben perfectamente que con la seguridad hídrica no se juega ni se hacen cálculos subalternos.

¿Qué significado institucional tiene la reciente mesa de trabajo en el MIDAGRI en Lima? Es la prueba irrefutable de que Cachi II dejó la etapa declarativa para entrar en las decisiones ejecutivas. En la sede central del MIDAGRI, el gobernador regional fue recibido por el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, José Luis Bustamante Solís, acompañado por toda la cadena institucional del agua en Ayacucho: la FADA, el Operador de Infraestructura Hidráulica Cachi (OPIHC, antes OPEMAN), la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Cachi Clase A (JUSHMCCA), el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho (SEDA) y el PRIDER. No fue una visita protocolar; fue el alineamiento orgánico de toda nuestra gobernanza hídrica frente al Gobierno Nacional, en estricta concordancia con la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos.

En el plano social, usted ha marcado distancia respecto a las protestas violentas. ¿Cuál es la naturaleza cívica de esta demanda? Es fundamental trazar una línea divisoria categórica. Cachi II no es ni será jamás la bandera de quienes lanzan piedras, incendian instituciones públicas o instrumentalizan el caos como método de presión política. Por el contrario, encarna la expresión más legítima, pacífica y organizada del desarrollo regional: es el anhelo histórico de miles de familias productoras y de la población urbana que exigen regulación hídrica para garantizar la seguridad alimentaria, el crecimiento económico y la paz social en Ayacucho.

Pasando al terreno estrictamente técnico, ¿cuáles son las metas concretas de impacto poblacional y agrícola contempladas en el marco de la Ley 32632? Los parámetros consignados en el marco de la Ley 32632 y en los expedientes preliminares sustentados por las organizaciones impulsoras dimensionan el alcance estratégico de la obra: garantizará el abastecimiento continuo de agua poblacional para más de 50,000 habitantes en la provincia de Huamanga —mitigando la vulnerabilidad del sistema actual frente al crecimiento urbano y la variabilidad climática— y permitirá incorporar y asegurar el riego regulado sobre una frontera agrícola de 27,741 hectáreas, reduciendo nuestra dependencia de la agricultura de secano.

¿En qué consiste el componente de ingeniería mayor de Cachi II y por qué se le compara con megaproyectos como Chavimochic III? Para capturar, regular y trasvasar ese recurso hídrico hacia las zonas de demanda, el diseño conceptual contempla la construcción de una nueva presa de almacenamiento y la perforación de un túnel trasandino de aproximadamente 33 kilómetros de longitud, emplazado por encima de los 3,500 metros sobre el nivel del mar, atravesando macizos de roca fracturada propios de la cordillera andina. Desde una perspectiva geotécnica e hidráulica, estas especificaciones sitúan a Cachi II en la primera línea de la infraestructura subterránea nacional, equiparable en complejidad geomecánica con megaproyectos de trasvase como la tercera etapa de Chavimochic.

Perforar 33 kilómetros de túnel en los Andes representa un reto constructivo enorme. ¿Cómo se abordan los plazos y la tecnología para evitar que la obra se eternice? Si ejecutáramos esa galería subterránea mediante métodos convencionales de perforación y voladura (Drill and Blast), la obra tomaría entre 5 y 8 años, exponiendo los frentes a contingencias por filtraciones freáticas y fallas geológicas. En cambio, la ingeniería subterránea moderna permite emplear máquinas tuneladoras (Tunnel Boring Machine, TBM) diseñadas a medida para macizos fracturados, operando con colocación simultánea de dovelas de concreto prefabricado y ataque por múltiples frentes. Con esta tecnología comprimimos el cronograma de obra física a un horizonte óptimo de entre 3.5 y 5 años.

¿De qué magnitud financiera estamos hablando y cuánto demanda específicamente el túnel trasandino? La inversión global referencial supera los S/ 2,000 millones. Dentro de esa estructura presupuestal, únicamente la excavación, el sostenimiento primario y el revestimiento definitivo del túnel trasandino de 33 kilómetros demanda una inversión estimada de entre US$ 330 millones y US$ 495 millones, rango sujeto a la caracterización geomecánica definitiva y al diámetro hidráulico de sección requerido.

En el MEF y el MIDAGRI se evalúan actualmente tres modalidades de financiamiento. ¿Cuál considera usted que garantiza que la obra no termine paralizada? La experiencia hidráulica en el Perú deja una lección ineludible: la mejor ingeniería de diseño fracasa si carece de un blindaje contractual moderno y colaborativo. Por ello, entre las alternativas evaluadas dentro del ciclo de Invierte.pe (Decreto Legislativo 1252), la suscripción de un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) —operado bajo contratos estandarizados internacionales tipo NEC con metodología Fast-Track, el mismo instrumento que permitió destrabar Chavimochic III tras ocho años de paralización y arbitrajes— es el mecanismo más idóneo para administrar los riesgos geológicos de un túnel de 33 kilómetros sin detener las máquinas ni multiplicar litigios.

¿Qué papel juega el actual sistema Cachi en esta ecuación? ¿Basta con construir la nueva infraestructura? De ninguna manera. Tal como ha exigido la directiva de la FADA con meridiana claridad técnica, la viabilidad integral de Cachi II es inseparable de la sostenibilidad institucional y financiera del sistema Cachi existente. No se puede edificar el futuro hidráulico de Ayacucho sobre una infraestructura presente desfinanciada. Es imperativo fortalecer al Operador de Infraestructura Hidráulica Cachi (OPIHC), dotándolo de autonomía administrativa, tarifas técnicas sostenibles y capacidad operativa plena para asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de las presas, canales y bocatomas que hoy sostienen la vida en Huamanga.

Para cerrar con estricto rigor técnico y editorial, ¿qué falta para que estos parámetros se traduzcan en licitación y obra física? Cabe precisar con total transparencia que las cifras de población beneficiaria, hectáreas irrigables, extensión del túnel y rangos referenciales de inversión corresponden fielmente a los parámetros técnicos recogidos en la Ley 32632 y en los sustentos presentados por las organizaciones agrarias y técnicas; los montos definitivos, volúmenes exactos de embalse y presupuestos detallados quedarán formalmente fijados al culminar los estudios de preinversión y el expediente técnico en Invierte.pe, con la conformidad de la ANA y la viabilidad del MEF. Hoy la disyuntiva es clara: o nos quedamos atrapados en polémicas retrospectivas, o consolidamos un frente regional sólido para acelerar la preinversión y asegurar el G2G. El agua no espera los tiempos de la retórica política, y el desarrollo de Ayacucho tampoco.

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