Entre 2017 y 2025, la cobertura de agua por red pública cayó de 83.9% a 83.3%, pese a que la población atendida aumentó de 24.7 a 27.1 millones de personas, según el Instituto Peruano de Economía (IPE) con base en los Censos del INEI. El rezago se concentra en las ciudades, donde la cobertura urbana bajó de 90.5% a 88.7%, mientras que en el ámbito rural mejoró de 58.9% a 61.1%. El IPE explicó que «en 2025 casi dos de cada tres viviendas urbanas eran informales, lo que dificulta y encarece la ampliación de las redes», al punto que en zonas periurbanas de Lima Metropolitana y Callao el costo de conexión puede ser hasta 25 veces mayor.
Tener conexión, además, no garantiza calidad: solo el 41.7% de la población accede a agua segura, y en 13 regiones esta proporción es menor al 20%, con casos extremos como Loreto (7.3%) y Amazonas (12.3%). Buena parte de esta brecha responde a problemas de gestión de las empresas prestadoras: de las 50 que operan en el país, 38 no facturan al menos el 30% del agua que producen por fugas y conexiones clandestinas, y 20 se encuentran bajo administración del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) por problemas que comprometen su sostenibilidad. El IPE precisó que «en 13 empresas, los costos operativos superan sus ingresos», lo que reduce su capacidad de mantener redes y financiar nuevas inversiones.
De cara a las elecciones subnacionales de octubre, el IPE planteó que el cierre de estas brechas debe ocupar un lugar central en la agenda, considerando que, al cierre de agosto de 2026, ocho gobiernos regionales habían ejecutado menos de la mitad de su presupuesto destinado a saneamiento urbano y rural. Ayacucho forma parte de este desafío para los gobiernos subnacionales, que deberán mejorar su capacidad de ejecución y priorizar inversiones que permitan ampliar el acceso a servicios básicos. El instituto recomendó «frenar la expansión urbana informal, mejorar la capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales y fortalecer la gobernanza de las prestadoras», además de ampliar la participación privada para sumar capital y mejores incentivos al servicio.
