El futuro de Petroperú vuelve al centro del debate en medio de su delicada situación financiera. En los últimos 14 años, la empresa ha recibido más de S/32 mil millones en apoyo estatal y, según el Banco Central de Reserva (BCR), sin ese respaldo habría acumulado 13 años consecutivos de pérdidas. De acuerdo con estimaciones, su patrimonio habría sido negativo en US$2.1 mil millones al cierre de 2025 si se excluyen los aportes públicos. Este escenario también ha impactado en la percepción ciudadana: el 84 % se opone a nuevos rescates y prioriza destinar esos recursos a salud, educación y seguridad.
Ante este escenario, Fuerza Popular propone abrir la empresa al capital privado, con la venta de activos no estratégicos y la limitación de sus operaciones a la refinación y distribución. En contraste, Juntos por el Perú (JPP) defiende el control estatal total de los hidrocarburos y rechaza la participación privada. Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) resalta que “el 88 % de los principales economistas del país está de acuerdo con la incorporación de capitales privados para mejorar la gestión interna de la petrolera estatal”. Sin embargo, la propuesta de JPP ignora este consenso técnico y califica cualquier apertura como una privatización.
De acuerdo con el análisis del IPE, el plan de JPP, liderado por Roberto Sánchez, implica riesgos para la economía nacional, pues no precisa cómo gestionará la deuda de US$7.8 mil millones ni cómo evitará depender de rescates del Tesoro. Su intención de aumentar la actividad empresarial del Estado pone en peligro el equilibrio fiscal, especialmente cuando los ahorros públicos están en sus niveles más bajos. Además, el IPE advierte que, para lograr la sostenibilidad, se requiere «asegurar una gobernanza sólida para garantizar la independencia de presiones internas o externas». Sin embargo, JPP no ha planteado reformas para mejorar la gobernanza, lo que mantendría la fragilidad institucional de la empresa.
