Gremios empresariales afirman que una transición ordenada es clave para mantener la inversión y el empleo

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Una transferencia ordenada es la condición mínima para que la inversión no se frene y el empleo no se resienta, justo cuando el dólar ya demostró que la incertidumbre política tiene un costo real para las familias y los pequeños negocios.
Una transferencia ordenada es la condición mínima para que la inversión no se frene y el empleo no se resienta, justo cuando el dólar ya demostró que la incertidumbre política tiene un costo real para las familias y los pequeños negocios.

La estabilidad política en el Perú no es un concepto abstracto, sino una necesidad urgente que impacta directamente en la economía de cada hogar. Durante los días de mayor tensión en el conteo electoral de junio, la incertidumbre se tradujo en una volatilidad real: el precio del dólar escaló hasta los S/3.52, para luego descender a S/3.43 una vez que el panorama se aclaró. Esto demuestra que los sobresaltos políticos encarecen la vida diaria y paralizan las decisiones de los pequeños negocios, justo cuando el país debe lidiar con la inflación, la inseguridad y los efectos del Fenómeno El Niño.

Para los gremios empresariales y expertos, la certidumbre es el motor indispensable para que el país siga generando empleo y la inversión privada no se detenga. Según Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del IPE, al referirse al nuevo panorama político: «las perspectivas apuntan a un escenario de mayor estabilidad política y eso fortalece la confianza para invertir». Esta confianza es vital para destrabar iniciativas de infraestructura que han estado postergadas y que son la base para el crecimiento sostenido del empleo formal y la masa salarial, de acuerdo con el especialista.

La sostenibilidad de esta recuperación dependerá del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, el rechazo a narrativas de fraude sin sustento que solo profundizan la polarización y de una transferencia de gobierno ordenada y oportuna. En ese sentido, el excongresista Jorge del Castillo, sostiene que “debe primar el principio de continuidad y no se debe interrumpir políticas o proyectos públicos”. Sobre los riesgos de dilatar una transición ordenada por falta de voluntad política, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga concluye:«al final quien se afecta no es el gobierno, que se va o el que se queda, quien se afecta es el país».

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