El tramo final del actual Congreso se perfila como un periodo de alto riesgo para la economía. Según el análisis de Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, el contexto político —marcado por partidos que han perdido su inscripción— genera incentivos para aprobar medidas con impacto fiscal sin asumir costos políticos. “Los congresistas no enfrentan consecuencias por las medidas que aprueben, pero sí tienen incentivos para beneficiar a sus bases”, advirtió. A ello se suma que “el Congreso saliente seguirá sesionando y aprobando leyes mientras la atención del país está puesta en el proceso electoral”, lo que reduce el nivel de escrutinio público.
Uno de los focos de riesgo está en los proyectos con impacto fiscal. Castilla señala que existen 153 proyectos de ley con efectos negativos sobre las finanzas públicas, cuyo costo potencial supera los S/280,000 millones, equivalente a más del 20 % del PBI. Entre estas propuestas figuran iniciativas para extinguir multas e intereses o establecer amnistías tributarias, que —según explicó— generan incentivos contraproducentes. “Si los contribuyentes aprenden que el Congreso perdonará periódicamente sus deudas, el incentivo para pagar deja de existir”, sostuvo.
En el ámbito productivo, el análisis también alerta sobre medidas que podrían afectar la inversión minera. Entre ellas, propuestas para reducir de 30 a 15 años el plazo de concesión y elevar los costos de operación, lo que debilitaría la seguridad jurídica. De concretarse, advirtió Castilla, “el daño operará en dos frentes simultáneos: desinversión en la minería formal y expansión de la ilegal”, en un contexto en el que esta última ya alcanza niveles récord.
El economista agregó que estas iniciativas se suman a propuestas que incrementan la rigidez laboral y elevan los costos de la formalidad. En este escenario, subrayó la necesidad de una intervención más firme del Ejecutivo, que —según indicó— cuenta con herramientas para frenar este tipo de medidas. De lo contrario, el próximo gobierno heredará un escenario complejo, con reglas fiscales debilitadas y un mayor deterioro de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
