La inseguridad ciudadana se mantiene como el principal desafío del Gobierno de Keiko Fujimori tras sus primeros 100 días. El Ejecutivo cuenta con facultades legislativas por 90 días para impulsar medidas contra la extorsión, el uso ilegal de armas y el crimen organizado. Estas contemplan el bloqueo de comunicaciones ilícitas, mayores controles migratorios y cambios en el sistema penitenciario.
Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), destacó en declaraciones a El Comercio la necesidad de fortalecer la investigación de los delitos. “La prioridad es combatir la extorsión con inteligencia policial y coordinación con la Fiscalía”, sostuvo. En el mismo medio, Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología, planteó establecer indicadores de victimización, homicidios y confianza institucional para evaluar los resultados. “No sirve una intervención que no venga acompañada de un equipo de gestión que garantice la adecuada ejecución presupuestal”, advirtió.
La reactivación económica y la prevención frente al fenómeno El Niño completan los desafíos del Ejecutivo. En declaraciones a Lima Conecta, el analista político Miguel Rodríguez Albán destacó la necesidad de concretar los compromisos de infraestructura. “Hay un anuncio de 18 mil millones de inversión en infraestructura educativa, sanitaria y vial, pero esos anuncios tendrían que pasar a lo concreto y real”, afirmó.
