La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) atraviesa momentos de profunda incertidumbre tras la emisión de versiones contradictorias entre la alta dirección de la casa de estudios y la representación estudiantil, dejando en vilo el reinicio de las actividades académicas.
Por un lado, la página oficial de la UNSCH anunció públicamente que las autoridades universitarias y los representantes estudiantiles llegaron a un consenso directo en una mesa de diálogo que contó con la mediación de la Defensoría del Pueblo. Según el comunicado de la institución, las partes pactaron que este viernes se remitirá un documento formal detallando los acuerdos y los plazos de cumplimiento respectivos. Asimismo, la universidad aseguró que se acordó el reinicio de las labores académicas para el lunes 8 de junio, precisando que este viernes no habría clases debido al proceso logístico de las Elecciones Presidenciales 2026.
Sin embargo, la Federación Universitaria de San Cristóbal de Huamanga (FUSCH) y los centros federados emitieron un pronunciamiento oficial desmintiendo radicalmente la versión de las autoridades. La dirigencia estudiantil calificó de «desinformación» y «comunicados sesgados» las afirmaciones de la universidad y aclaró de forma contundente que la toma de la ciudad universitaria y la medida de lucha siguen plenamente vigentes.
La FUSCH también rechazó los señalamientos de un presunto ausentismo en las negociaciones, argumentando que los presidentes de las diferentes escuelas se encontraban coordinando una reunión de emergencia interna previa. El gremio estudiantil enfatizó que no existe ningún acuerdo firmado para levantar las protestas y que cualquier decisión futura estará condicionada a compromisos políticos concretos, institucionales y verificables por parte del rectorado.
Hasta el momento, la dualidad de posturas mantiene paralizada a la histórica institución ayacuchana, mientras la comunidad universitaria permanece a la espera de un documento refrendado por ambas partes o de un nuevo pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo que clarifique el estatus real de las negociaciones.
