El exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla sostuvo que el Perú necesita recalibrar sus organismos reguladores y no desmantelarlos, ante los retrasos que afectan proyectos de infraestructura y asociaciones público-privadas (APP). Según el artículo, ProInversión reporta ocho propuestas de adenda en evaluación por un valor conjunto de US$8,545 millones, vinculadas a sectores como transporte, energía, puertos y salud.
Castilla cuestionó que la Ley 32732, publicada el 19 de julio, haya dejado sin efecto la opinión previa de los reguladores en la tramitación de APP y sus adendas. La norma mantiene sus facultades durante la ejecución de los contratos, pero ahora las entidades sectoriales deben sustentar aspectos como tarifas, acceso y niveles de servicio antes de la adjudicación. Para el exministro, el problema está relacionado con incentivos que favorecen la inacción y con el temor de los funcionarios a posteriores investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía.“El camino es corregir los incentivos, no eliminar la opinión técnica”, afirmó Castilla.
Entre sus propuestas plantea metodologías públicas y obligatorias para valorar inversiones adicionales y ampliaciones de plazo, tasaciones independientes, plazos definidos y protección legal para los funcionarios que decidan siguiendo los métodos aprobados. También considera necesario fortalecer la capacidad técnica de ProInversión y los ministerios que ahora asumirán mayores responsabilidades.
