Algunos sectores de la sociedad convocaron a una jornada de movilizaciones en todo el país para el 28 de julio, fecha del cambio de mando, tras cuestionar los resultados electorales sin aportar pruebas. Los convocantes anticiparon que no reconocerán al nuevo gobierno. Sin embargo, la Asociación Civil Transparencia, que desplegó una misión de observación en el territorio nacional y en once ciudades del extranjero, no halló situación alguna que comprometa la integridad de la jornada y rechazó «tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados oficiales de la elección».
La experiencia reciente muestra que estos episodios de tensión terminan afectando a los ciudadanos. Las últimas protestas en el Centro de Lima golpearon a más de 20 mil comerciantes, con pérdidas superiores a S/100 millones diarios, una caída de hasta 50 % en las ventas de restaurantes y unos S/20 millones diarios que el Estado dejó de recaudar en IGV, además de restricciones que impidieron a los turistas recorrer libremente el Centro Histórico. El antecedente de inicios de 2023 fue aún más severo: en Arequipa las pérdidas superaron los S/1000 millones, según la Cámara de Comercio e Industria de la región, mientras que en Cusco las cancelaciones de reservas turísticas llegaron al 90 % y el sector perdía S/ 2 millones diarios, con más de 400 turistas varados por el bloqueo de vías.
En ese contexto, el presidente José María Balcázar anunció que invitará a la presidenta electa a una reunión en Palacio de Gobierno para iniciar la transferencia de mando con todas las facilidades del Ejecutivo. “La vamos a invitar, a ver si acepta esta semana que viene, para tener una reunión en Palacio”, declaró. Una transición ordenada resulta clave en un momento en que el país ya enfrenta el riesgo del Fenómeno El Niño, presiones inflacionarias e inseguridad ciudadana.
