“Hay muchos restos que están en Medicina Legal del Ministerio Público por falta de presupuesto y de reactivos para que los analicen”, advirtió Juana Carrión Jaulis, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), al señalar una de las principales dificultades que enfrentan las investigaciones. La organización viene solicitando mayores recursos para acelerar las pericias, exhumaciones y posteriores entregas a los familiares.
Carrión recordó que recientemente fueron entregados 43 restos y sostuvo que aún existen otros pendientes de identificación, por lo que Anfasep buscará reunirse con el nuevo coordinador de la Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho para plantearle esta demanda.
El paso de los años constituye otra barrera para esclarecer los casos, debido a que potenciales testigos han fallecido, envejecido, no desean declarar o ya no recuerdan con precisión lo ocurrido. A ello se suma, según Carrión, que durante el periodo de emergencia muchas detenciones habrían ocurrido de noche y sin presencia de otras personas que pudieran dar testimonio. Pese a estas dificultades, la dirigente indicó que los familiares continúan acompañando las diligencias y manteniendo coordinación con las fiscalías especializadas. El escenario se habría vuelto todavía más complejo durante 2026 por recientes cambios legales que Anfasep considera contrarios a sus demandas. Carrión cuestionó particularmente las normas que calificó como de amnistía y las restricciones que han afectado el acompañamiento jurídico que recibían de organizaciones no gubernamentales.
La dirigente sostuvo que esta situación estaría generando mayores dificultades para continuar algunos procesos y expresó su expectativa de que el Congreso revise esas disposiciones. “No estoy de acuerdo con esas leyes porque son una obstrucción a nuestras demandas que estamos siguiendo”, afirmó. Para Anfasep, la continuidad de las investigaciones dependerá tanto de mayores recursos para el trabajo fiscal y forense como de las condiciones jurídicas en las que puedan proseguir los casos.
