Más de la mitad del oro exportado por el Perú entre enero y agosto de 2026 habría tenido origen ilegal, con un valor estimado de US$12.063 millones, según la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes). La cifra supera el monto registrado durante todo 2025 y evidencia las dificultades para impedir que el mineral extraído ilegalmente ingrese al circuito comercial. Redes advierte que los controles insuficientes en plantas de procesamiento, intermediarios y comercializadores permiten mezclar oro de origen ilegal con producción formal.
La propuesta de Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) plantea que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Osinergmin y Sunafil fiscalicen las plantas de beneficio con capacidad superior a 25 toneladas métricas diarias, pero solo durante cinco años. Las de menor capacidad seguirían bajo supervisión de los gobiernos regionales. Para el analista Iván Arenas, este cambio no garantiza un control suficiente. “El detalle es que nada garantiza que, bajando la fiscalización de la producción, se sigan camuflando minerales”, indicó.
Además, la transferencia de funciones a las entidades nacionales aún no tiene plazos precisos. Otro vacío está en la trazabilidad, pues la propuesta no define responsabilidades concretas para identificar el origen del mineral y seguirlo hasta su comercialización. Estos mecanismos deberán desarrollarse en el reglamento de la ley, cuya aprobación está prevista en un plazo de 120 días desde su publicación.
Arenas advirtió que los documentos no bastan para acreditar la procedencia legal del oro: “La trazabilidad implica no solo la demostración de los papeles, sino la rigurosidad de las autoridades y funcionarios”. También señaló que reemplazar el Reinfo por el Régimen de Consolidación no garantizará el fin de estas prácticas si no existen controles efectivos.
