El próximo Gobierno iniciará su gestión sin tiempo de espera ante una crisis de inseguridad que ha escalado a niveles críticos en todo el país. Actualmente, el 76% de los ciudadanos considera que la extorsión y el cobro de cupos son el principal problema de seguridad, y un 54% exige que sea la prioridad inmediata de la nueva administración, de acuerdo con una encuesta de Ipsos. Con más de 6 millones de peruanos afectados por este delito, que ya se expande agresivamente desde Lima hacia las regiones y zonas rurales, los primeros 100 días de gestión serán fundamentales para recuperar la confianza ciudadana y demostrar la capacidad del Estado para responder con rapidez ante el avance de las economías criminales.
Este panorama golpea directamente a las micro y pequeñas empresas (mypes), que representan el 99% del tejido empresarial y generan el 45 % del empleo nacional. Al respecto, Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), advirtió sobre la gravedad de la situación: “Hoy, ser emprendedor en el Perú se ha convertido en un acto de valentía, casi de riesgo extremo. La inseguridad y las extorsiones nos están asfixiando”. La delincuencia no solo provoca el cierre de miles de negocios, sino que genera pérdidas anuales superiores a los S/6000 millones, según cálculos de la CCL, poniendo en riesgo la estabilidad económica de millones de familias.
La inseguridad ha dejado de ser un conjunto de hechos aislados para convertirse en estructuras criminales complejas que frenan la inversión. Ante la falta de infraestructura de seguridad operativa y la baja efectividad judicial, el sector empresarial demanda un liderazgo firme desde el primer día. En este sentido, Roberto De La Tore, presidente de la CCL, enfatizó la necesidad de un cambio de rumbo: “El Gobierno tiene que entender que no vamos a poder hablar de crecimiento ni de desarrollo económico sostenible si cada día nos amenazan con quemar el negocio o con matarnos”.
