El trámite parlamentario en el Congreso bicameral para resolver el pedido de facultades legislativas se prolongó por casi ocho semanas, resultando en un severo recorte de la iniciativa inicial. De las 66 medidas solicitadas originalmente por el Ejecutivo en ocho materias, el Pleno del Senado aprobó el 21 de octubre, con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, un texto sustitutorio de 27 puntos en seguridad ciudadana y atención ante el Fenómeno El Niño, por 90 días: los 20 aprobados por la Cámara de Diputados y siete adicionales incorporados por la Comisión de Constitución. Esta dilación fue cuestionada por especialistas como el analista político Rómulo Fernández, quien advirtió que “se está descuidando, tanto en la oposición como en el oficialismo, el centrar el mensaje en los problemas del país”.
La decisión de dejar fuera del paquete legislativo las principales reformas económicas impactan de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos y en la competitividad. Entre los temas excluidos destacan la formalización y financiamiento de las mypes, los incentivos al empleo juvenil, la simplificación de regímenes tributarios, la inclusión financiera, la eliminación de los topes a las tasas de interés y los cambios normativos en minería, energía, pesca y turismo. Cuestionando esta exclusión, Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas, señaló: “No han leído el íntegro del pedido de facultades, pero, en cuanto a las mypes, está centrado en el factoring y en el fortalecimiento de los CITE. No encuentro qué podría haber de negativo en ello”.
Las consecuencias de postergar estas medidas estructurales tienen un peso crítico en la realidad social. Al respecto, el economista Carlos Gallardo advirtió lo que esto representa: las microempresas producen apenas el 4% de lo que genera una gran empresa, pero emplean al 70% de los trabajadores del sector privado, mientras que la legislación actual impide que ocho millones de ellos puedan formalizarse. A este panorama se suman más de 300 mil jóvenes que aún no recuperan el empleo tras la pandemia, municipios que originan 3 de cada 4 barreras burocráticas y más de 5 millones de peruanos que continúan sin agua por red pública.
