El riesgo de corrupción y mal uso de los recursos públicos aumentó en gran parte del país. Según el Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) 2026, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), 22 de las 25 regiones redujeron su puntaje entre 2019 y 2026 y ninguna se ubica en el nivel de riesgo bajo. Regiones como Puno, Piura, Cusco, Loreto y Cajamarca muestran, según IPE, que una mejor posición relativa en integridad no garantiza por sí sola mayor competitividad ni una gestión eficiente de los recursos.
Uno de los principales problemas está en la inversión pública. En 22 regiones, más de la mitad de los proyectos administrados por gobiernos regionales o municipalidades se encuentran paralizados o abandonados, una situación que también afecta la ejecución de obras en departamentos como Ayacucho. El informe también alerta que en 12 regiones más del 40% de las contrataciones públicas se adjudican con un solo postor. “La paralización de estos proyectos responde principalmente a la baja eficiencia en la gestión y a una fiscalización inadecuada”, señaló Luis Miguel Castilla, presidente de Hágase Instituto y exministro de Economía y Finanzas.
El IPE advierte que las regiones concentran en diciembre, en promedio, el 16.7% del gasto anual, el doble de lo que correspondería si la ejecución fuera uniforme, lo que se asocia con compras apresuradas y menor planificación. A ello se suma el efecto de la desconfianza sobre las decisiones económicas. “Cuando la confianza es baja, se genera incertidumbre y se postergan decisiones de inversión”, señaló José Carlos Chávez, exviceministro de Hacienda. Frente a estos riesgos, el IPE recomienda terminar o reformular obras paralizadas antes de aprobar nuevos proyectos y revisar periódicamente las contrataciones directas y los procesos con un solo postor.
