Al cierre de 2025, la Contraloría registró 2416 obras públicas paralizadas a nivel nacional con una inversión inmovilizada de S/67 139 millones, más de lo que el Estado ejecuta en un año en infraestructura. Esto representa un incremento sostenido frente a los S/42 325 millones registrados a setiembre del mismo año y los S/21 595 millones de 2022, lo que evidencia una tendencia que continúa agravándose. El mayor impacto se concentra en transportes y comunicaciones con S/11 827 millones en 631 obras paralizadas, seguido por vivienda, construcción y saneamiento con S/7577 millones, y salud con S/7420 millones.
Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, advirtió que «ninguno de los tres niveles de gobierno funciona bien, y esto tiene que ver con la poca capacidad que tienen las oficinas de ingeniería de los gobiernos regionales y locales». Frente a este escenario, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la desactivación de 120 000 proyectos de inversión pública antes del cierre del actual gobierno como medida para sanear un sistema que acumula un portafolio imposible de absorber.
Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, respaldó la medida y estimó que las deudas de estos proyectos rondan los S/5000 millones: «Más vale liquidar los proyectos y pagar las deudas que continuarlos sin ninguna posibilidad de, efectivamente, lograr que culminen. Son criterios bastante objetivos, no es un tema discrecional, y es una buena señal lo que está haciendo el MEF en línea con la recomendación de la OCDE”.
Guillermo Boitano, director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima, señaló que el patrón se repite: en 2025 dejaron de ejecutar S/425 millones del programa de reducción de vulnerabilidad, y para 2026 el presupuesto cayó 34 % respecto al año anterior, lo que confirma que el problema no es de recursos sino de su gestión.
